Bolívar, en relación con el delito y su impunidad expresa sus iniciales opiniones públicas con posturas jurídicas en un documento conocido como “Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño”, escrito en Cartagena de Indias en 1812, más conocido históricamente como “El manifiesto de Cartagena”, en el que declara: “(…) la impunidad de los delitos de Estado cometidos descaradamente por los descontentos y particularmente por nuestros natos, e implacables enemigos, los españoles (…) promover cuantas conjuraciones les permitían formar nuestros jueces, perdonándolos siempre, aun cuando sus atentados eran tan enormes, que se dirigían contra la salud pública (…) Al abrigo de esta piadosa doctrina, a cada conspiración sucedía un perdón y a cada perdón sucedía otra conspiración que se volvía a perdonar. ¡Clemencia criminal que contribuyó más que nada a derribar la máquina que todavía no habíamos enteramente concluido!”
Federico Engels comenta en su texto “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, que a medida que desaparece la comunidad primitiva, modelo de producción caracterizado por el reparto por igual del producto del trabajo y la convivencia pacífica entre sus miembros, para dar paso a un tipo de rendimiento que produce excedente y se concentra en pocos, la productividad del trabajo aumenta, las riquezas no son de todos por igual, aparecen las diferencias sociales y la propiedad privada; en consecuencia, la lucha de clases que genera: “(…) los intereses más viles, la baja codicia, la brutal avidez de los goces, la sórdida avaricia, el robo egoísta de la propiedad común, se inaugura la nueva sociedad civilizada, la sociedad de clases”
El Libertador se mostró implacable en la aplicación de la pena de muerte contra los hechos de corrupción administrativa y el 12 de enero de 1824, hace 190 años, desde Lima, Perú decretó la sentencia máxima para todos los funcionarios públicos que hayan “malversado o tomado para sí” parte de los fondos de la nación, medida que tomó con el fin de reducir el mal de la corrupción: “Teniendo presente que uno de las principales de los desastres en que se ha visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos (…) he venido en decretar y decreto:
Artículo 1.- Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto a la pena capital. Artículo 2.- Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. Artículo 3.- Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo 1.”
En fin, en Venezuela, actualmente son necesarias respuestas enérgicas –políticas, sociales, penales y administrativas– contra la corrupción, porque compromete la seguridad nacional, mina los valores ciudadanos, y el creciente número de implicados y su complejidad desprestigian el proceso de cambios que vivimos en Venezuela y la construcción de una nueva sociedad.
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