Diciembre de 2001.
La oposición ensayó un paro general de actividades laborales el 10 de diciembre con una duración de 12 horas, liderado por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), esta acción opositora no fue más que una reacción desestabilizadora ante la aplicación de las 49 leyes habilitantes, medida tomada por el presidente Chávez para comenzar a darle piso jurídico a la Constitución Bolivariana de 1999.
Es indudable que: “El contenido de estas leyes tocó los intereses de los sectores más poderosos de las clases dominantes”, especialmente la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, instrumento para acabar con el latifundio en Venezuela, garantizando la utilidad social de las propiedades subutilizadas; la Ley de Hidrocarburos, orientada a garantizar el flujo de las rentas petroleras al presupuesto público, para de esta manera ampliar y reforzar los programas sociales, y la Ley de Pesca y Acuicultura fundamentada en la protección al ecosistema marino, ampliando la zona de protección costera a 6 millas, donde no se permite la pesca de arrastre, favoreciendo de igual forma a los pescadores artesanales.
Primer Trimestre del año 2002.
Continuó la profundización del proceso bolivariano, cuando el presidente Chávez toma la medida de hacer cambios en la directiva de PDVSA y cuyo objetivo principal de estas acciones era develar el oscurantismo en la empresa estatal petrolera, la cual había sido secuestrada por un pequeño sector del país.
La llamada “Meritocracia petrolera” se resistió a perder las cuotas de poder alcanzadas y, mientras la gerencia de la nómina mayor de PDVSA iba orientada a satisfacer los intereses de los Estados Unidos de América, negándole al país la oportunidad de conocer los procesos inherentes a la producción petrolera y el destino de sus ingresos.
Era evidente que la incompatibilidad de intereses molestaría a las clases más poderosas del país y en la misma magnitud a los Estados Unidos de América, ya que se estaban tocando sus intereses particulares. Por lo tanto, el Departamento de Estado Norteamericano, estaba convencido que la solución a todos sus problemas se encontraba en la salida de Hugo Chávez y en consecuencia, detener el avance de las fuerzas revolucionarias.
De esta manera los grupos más reaccionarios de la burguesía venezolana, continuaron orquestando el golpe de Estado, aprovechando lograr aglutinar en su totalidad a la clase media alta del país que se encontraba enclaustrada en gremios tales como los partidos políticos del “Pacto de Puntofijo”, aliados con Fedecámaras, la CTV, los medios de comunicación privados, la alta jerarquía eclesiástica católica, los militares apátridas, la falsa izquierda fueron partícipes de las acciones que suscitaron el 11 de abril de 2002.
La aglutinada clase poderosa del país se sintió agredida con la aprobación de las 49 leyes habilitantes y con los cambios aplicados en PDVSA.
Esto indujo a que Fedecámaras convocara en representación de todos sus gremios aliados, otra huelga general de 48 horas para el 09 de abril de 2002.
Posteriormente, decidieron convertir la acción en paro general indefinido, convocando a una marcha para el 11 de abril, con destino a la sede de PDVSA en Chuao - Chacao, para apoyar a la meritocracia enclaustrada en la estatal
petrolera.
Sábado 6 de Abril.
Como parte de la estrategia conspirativa, la CTV convoca una huelga de 24 horas para el martes 9 de abril, alegando que era por motivos salariales. A esta convocatoria se suman inmediata y sospechosamente la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS) y otros sectores oposicionistas.
El presidente Húgo Chávez decreta un aumento de 20% del salario mínimo a partir del primero de mayo. (Ya para este día el saboteo en algunas refinerías y patios de distribución había generado 35% de desabastecimiento de gasolina en el mercado interno. Las empresas de comunicación privadas forjaban abiertos llamados a la huelga general y tergiversaban todas y cada una de las informaciones).
Martes 9 de Abril.
Comienza la huelga general de 24 horas, organizada por Fedecámaras y la CTV. La gerencia de Pdvsa y parte de sus trabajadores se pliegan al paro. Al final del día se prorroga la huelga 24 horas más y los golpistas convocan a una marcha el 11 de abril, desde el Parque de Este hasta Pdvsa Chuao.
Las televisoras nacionales dividían las pantallas en dos, cada vez que el Gobierno transmitía micro-cadenas para intentar contrarrestar la estrategia de desinformación.
Miércoles 10 de Abril.
La CTV y Fedecámaras declaran la huelga general indefinida para buscar la salida del presidente Chávez del poder. Las empresas de comunicación privada llaman enardecidamente a la marcha del 11 de abril.
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