Se cumplen 37 años de la Masacre de Cantaura, hecho ocurrido en dicha población del estado Anzoátegui en el marco de un operativo conjunto en el que participaron unos 400 efectivos del Ejército, Aviación, y la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). En este suceso fueron asesinados 23 luchadores sociales pertenecientes al Frente Américo Silva (FAS) de la organización política Bandera Roja, cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 30 años.
El campamento guerrillero, comandado por Roberto Rincón Cabrera (el Catire Rincón), estaba compuesto por 41 hombres y mujeres quienes se habían instalado en la zona conocida como “Los Changurriales del Mocho Evans”, con la intención de realizar una toma propagandística de la población de Cantaura el 12 de octubre de 1982. Testimonios de los sobrevivientes y de la comandancia del FAS indican que fueron infiltrados por efectivos de la DISIP, quienes crearon las condiciones para que se realizara la emboscada que generó la muerte de los 23 guerrilleros. Luego de la incursión militar, 18 personas lograron huir y sobrevivir al intenso bombardeo de los aviones Camberra y Bronco de la Aviación Militar, y al asedio de las tropas en tierra.
Después de divulgarse lo ocurrido se produjeron movilizaciones de rechazo a la actuación de la fuerza pública y diversas expresiones de solidaridad a nivel nacional. Las denuncias de los sobrevivientes indicaban que se cometieron ejecuciones contra personas que se habían rendido, y daban cuenta de una actuación asimétrica y desproporcionada por parte de los componentes de la FAN y la Disip actuantes en la operación. Aunque el movimiento de Derechos Humanos en el país daba apenas sus primeros pasos, Amnistía Internacional expresó en su Informe Anual del año 1982 su preocupación por los hechos y requirió al Estado venezolano información sobre el incidente. Citamos parte del contenido expresado en el Informe de AI:
“El 17 de diciembre, Amnistía Internacional pidió información sobre un incidente ocurrido el 4 de octubre de 1982 en el que 23 miembros del grupo guerrillero Bandera Roja fueron asesinados en una operación combinada entre el ejército y la policía política civil, Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). El campamento guerrillero fue rodeado y objeto de ataque con ametralladoras y bombardeo de aviones de vuelo bajo. Debido al incidente en Cantaura, estado Anzoátegui, se creó una comisión de investigación por parte del Congreso y del Fiscal General al enterarse que no hubo sobrevivientes, y que las víctimas habían sido enterradas en tumbas sin practicársele autopsias. El ejército se negó a devolver los cuerpos a los familiares, o permitir autopsias por el médico forense civil. Aunque a las familias se les permitió recuperar los cuerpos 10 días más tarde, el ejército siguió negando las autopsias. El oficial comisionado por el Fiscal General para realizar las exhumaciones el 14 de octubre fue sacado por la fuerza del cementerio con el argumento de que la investigación era un asunto exclusivo de la jurisdicción de los Tribunales Militares. Amnistía Internacional expresa preocupación por la afirmación del ejército a ese respecto y da la bienvenida a las declaraciones de la oficina del Fiscal General de que continuaría su propia investigación.”
En su Informe Final publicado en marzo de 2017, la Comisión del Estado por la Justicia y la Verdad describe lo ocurrido así:
En la madrugada del día 4 de octubre de 1982, los miembros de cada uno de los batallones y funcionarios adscritos a la Disip, entre las tres y cuatro de la madrugada, se dirigieron al lugar de ubicación que les fue asignado y tomaron sus posiciones, cercando a las víctimas.
Cuando el reloj marcaba aproximadamente las 5:45 de la mañana, los efectivos militares efectuaron vuelos rasantes sobre el lugar donde se encontraba el campamento y sus alrededores, con las aeronaves Canberra y OV-10 Bronco; estas últimas, realizaron operaciones de bombardeo y ametrallamiento.
El mismo duró pocos minutos. Seguidamente, y sin dar oportunidad de defensa alguna a las víctimas, se inició un ataque con las tropas, que para tales fines se trasladaron a ese sector, quienes de inmediato empezaron a disparar, produciéndose «un presunto enfrentamiento», llamado para la época «encuentro armado», que duró hasta las seis de la tarde de ese día. Lo cual se llevó a cabo, obedeciendo a una planificación previa, donde las autoridades tenían conocimiento, que en el campamento se encontraban aproximadamente de cuarenta a cincuenta militantes del Frente Guerrillero Américo Silva, y por esa razón fue sobrevolado y atacado, sorprendiendo a sus víctimas.
Informe Final de la Comisión del Estado por la Justicia y la Verdad
37 años de impunidad
En esta operación conjunta fueron asesinados 23 jóvenes pertenecientes al Frente Américo Silva (FAS) identificados como:
Alfonzo Salazar Sor Fanny
Alonzo Carrasquel Diego Alfredo
Arzola Hernández Carlos Jesús
Becerra Navarro Jorge Luis
Castro Batista Rubén Alfredo
Echegarreta García Antonio María
Estévez Arranz María Luisa
Farías Mejías Julio César
García Carmen Rosa
Gómez Luis José
Gutiérrez Rojas Eumenedis Ysoida
Herrera Veracierta Baudilio Valdemar
Jiménez Beatriz del Carmen
Márquez Velásquez Enrique José
Martell Daza Eusebio Ricardo
Miguez Núñez José
Morillo Ildemar Lorenzo
Pacín Collaso Nelson Antonio
Tejada Zapata Mauricio Alejandro
Sambrano Mira Carlos Alberto
Guzmán Cordero Emperatriz
Rincón Cabrera Roberto Antonio
Zerpa Colina José Antonio.
El Informe Final de la Comisión del Estado por la Justicia y la Verdad individualizó a los responsables intelectuales y materiales de esta acción conocida entre los cuerpos de seguridad como “Operación Cantaura” “cuyo objetivo expreso, era la completa liquidación de los guerrilleros”. El primero en la lista es el General de División (Ej) Vicente Luis Narváez Churión, Ministro de la Defensa para el momento de los hechos. La operación fue ejecutada por un oficial general, 8 oficiales superiores, 24 oficiales subalternos, 378 efectivos de tropa, y noventa y 6 funcionarios de la Disip.
Funcionarios militares del Ejército: bajo el mando del General de División José Deonido Murga Cabrices, Comandante del Comando de Cazadores y los comandantes de cinco Batallones: Batallón Coronel «Juan José Rondón» Nº 62, comandado por el Teniente Coronel Oscar González Beltrán; Batallón Coronel «Vicente Campo Elías» Nº 63, comandado por el Teniente Coronel Ismael Antonio Guzmán; Batallón Coronel «Pedro Zaraza» Nº 2, comandado por el Teniente Coronel José Sifontes Boet; Batallón Coronel «Genaro Vásquez», comandado por el Teniente Coronel Diego Manuel Guzmán; Batallón Coronel «Francisco Carvajal» Nº 53, comandado por el Teniente Coronel Enrique José Vivas Quintero. En la operación se emplearon 2 aeronaves modelo Canberra; 2 aeronaves modelo 0V-10, Bronco; 2 helicópteros de combate modelo Bell UH, del Departamento Aéreo del Ejército y 1 helicóptero de la Disip. Los funcionarios de la Disip fueron comandados por el entonces director general, el director de inteligencia y el director de operaciones de ese organismo policial: Remberto Antonio Uzcátegui Bruzual; José Domingo Yépez y Henry Rafael López Sisco, respectivamente.
Todo este despliegue de tropas y equipamiento demuestran la asimetría y el uso desproporcionado de la fuerza de la operación.
Una vez ubicadas las víctimas, el día 3 de octubre de 1982, en horas de la tarde, se convoca a una reunión de Estado Mayor, que se realizó en un comando militar ubicado en el sector Buena Vista, del estado Anzoátegui, presidida por el General de Brigada José Deonido Murga Cabrices. En la referida reunión, participaron los jefes de las distintas unidades tácticas, con sede en la Zona de Oriente. Participaron los tenientes coroneles Oscar González Beltrán, Ismael Antonio Guzmán, José Sifontes Boet, Diego Manuel Guzmán, y Enrique José Vivas Quintero, quienes comandaban cada uno de los batallones antes citados; y por la Disip participaron los funcionarios José Domingo Yépez, Henry Rafael López Sisco y el comisario Antonio José Días Rojas.
En esa reunión acordaron que en horas de la madrugada, los funcionarios militares cercarían cada uno de los accesos donde se encontraban las hoy víctimas, y los funcionarios de la Disip penetrarían la zona boscosa donde se encontraba el campamento, a quienes sorprenderían aproximadamente a las seis de la mañana del día siguiente, con un ataque aéreo. En cumplimiento de dicha planificación, en la madrugada del día 4 de octubre de 1982, los miembros de cada uno de los batallones y funcionarios adscritos a la Disip, entre las tres y cuatro de la madrugada, se dirigieron al lugar de ubicación que les fue asignado y tomaron sus posiciones, cercando a las víctimas. Cuando el reloj marcaba aproximadamente las 5:45 de la mañana, los efectivos militares efectuaron vuelos rasantes sobre el lugar donde se encontraba el campamento y sus alrededores, con las aeronaves Canberra y OV-10 Bronco; estas últimas, realizaron operaciones de bombardeo y ametrallamiento.
El mismo duró pocos minutos. Seguidamente, y sin dar oportunidad de defensa alguna a las víctimas, se inició un ataque con las tropas, que para tales fines se trasladaron a ese sector, quienes de inmediato empezaron a disparar, produciéndose «un presunto enfrentamiento», llamado para la época «encuentro armado», que duró hasta las seis de la tarde de ese día. Lo cual se llevó a cabo, obedeciendo a una planificación previa, donde las autoridades tenían conocimiento, que en el campamento se encontraban aproximadamente de cuarenta a cincuenta militantes del Frente Guerrillero Américo Silva, y por esa razón fue sobrevolado y atacado, sorprendiendo a sus víctimas.
Informe Final de la Comisión del Estado por la Justicia y la Verdad
En octubre de 2013 el Ministerio Público a través de la Fiscalía 80° de Derechos Fundamentales imputó al médico forense Guillermo Solano por su vinculación con los hechos, al presuntamente encubrir a los autores materiales mediante la emisión de certificaciones de defunción falsas. Por los hechos de Cantaura también han sido imputados el ex director general de la antigua DISIP, Remberto Uzcátegui, el ex director de Inteligencia de ese organismo, José Domínguez Yépez y el ex comandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán. En 2014 la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público estaba a la espera de la concreción de las órdenes de aprehensión libradas contra los presuntos responsables. Asimismo, el Ministerio Público solicitó “Alerta Roja, Difusión Roja o Código Rojo”, ante la Dirección de Policía Internacional (INTERPOL), de los ciudadanos Henry Rafael López Sisco, Vicente Luis Narváez Churión, y Clemente Eduardo Rojas La Rosa. Dicha solicitud fue negada conforme a lo establecido en el artículo 3 del Estatuto de la OIPC-Interpol.
Al cumplirse un año más de los sucesos, Provea recuerda que los autores materiales e intelectuales de estos hechos siguen sin sanción, y los sobrevivientes y familiares de las víctimas, aún no obtienen ni verdad, ni justicia, ni reparación. No hay un solo detenido por los hechos de Cantaura a pesar de los avances en la determinación de las responsabilidades.
Además genera honda preocupación que el Informe de la Comisión de la Verdad, omitió la participación de Roger Cordero Lara, para entonces piloto de la Aviación Militar Venezolana que pilotó uno de los aviones Bronco OV-10 que bombardearon el campamento en Cantaura. Cordero Lara admitió su participación en los hechos, e incluso, el otrora dirigente estudiantil del partido Bandera Roja, Elias Jaua, justificó el papel del ex piloto en la masacre alegando: “A un piloto lo mandan a un objetivo determinado. Los responsables de ordenar la masacre, están precisamente del lado de la mesa de la ultraderecha”.
Roger Cordero Lara fue ascendido a General de División y se desempeñó como Comandante General de la Aviación durante la gestión del ex Presidente Hugo Chávez. Cordero Lara ha sido diputado a la Asamblea Nacional por el estado Guárico en dos períodos consecutivos, incluyendo el actual. Hay suficiente información en el expediente de Cantaura que indica que este ciudadano participó en el bombardeó al campamento guerrillero del FAS. El 26 de enero de 2011, Provea solicitó a la junta directiva de la Asamblea Nacional el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Cordero Lara e instó al parlamento a promover políticas y acciones encaminadas a facilitar las investigaciones y las sanciones a los responsables de la masacre, esta solicitud nunca obtuvo respuesta.
Provea recuerda que el artículo 29 de la Carta Magna establece como obligación de Estado la investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos que, vale decir, son imprescriptibles. El artículo 25 de la Constitución expresa que ningún funcionario público podrá excusarse al afirmar que obraba en cumplimiento de la “obediencia debida a un superior”, cuando se trate de violaciones a derechos humanos. Reiteramos nuestra solicitud para que se desclasifique el expediente sobre la Masacre de Cantaura, por parte del Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia, y su acceso público tanto para los familiares de las víctimas como para el resto de la sociedad venezolana.
Como hemos dicho en otras ocasiones no pueden haber víctimas de primera y segunda categoría, tampoco puede haber victimarios de primera o de segunda categoría. Cantaura es un claro ejemplo de la ineficiencia y la complicidad del sistema de administración de justicia para favorecer, con la impunidad, los crímenes del pasado y alentar los abusos del presente.
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